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Defensa contra la agresión

El Manual para utilizar la Ley contra la violencia doméstica ofrece consejos vitales para las víctimas de ese flagelo cotidiano


Fabiola Martínez O.
fmartinez@nacion.com

Frente a la agresión que impera en miles de hogares costarricenses, y que año tras año cobra más vidas, la abogada Yolanda Bertozzi publicó el Manual para utilizar la Ley contra la violencia doméstica, el cual les explica a las víctimas cómo obtener medidas de protección y no morir en el intento.

Según la autora, a pesar de que la ley se aprobó en 1996, la mayoría de las personas ignora cómo emplearla en su defensa.

"El manual ofrece información práctica y escrita de manera sencilla para que todos los lectores puedan comprender los aspectos legales", afirmó la especialista, quien ocupó el cargo de defensora de los Derechos de la Mujer entre 1990 y 1993.

La publicación define la violencia doméstica como toda acción u omisión, directa o indirecta, que produzca menoscabo en la integridad física, sexual, psicológica o patrimonial de las personas. (Vea recuadro Esto es agresión).

Tal como lo señala el libro, el Poder Judicial atendió 32.643 casos de violencia doméstica durante el año 2000, cifra que ascendió a 42.258 casos un año después.

Actualmente, se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley para la penalización de la violencia contra las mujeres, el cual enfrenta la oposición de varios diputados porque, si bien la mayoría de las víctimas son mujeres, el problema afecta a toda la población.

Paso a paso

El objetivo de la Ley contra la violencia doméstica es brindar protección jurídica y policial a la víctima y a su familia.

Se aplica entre parientes por consanguinidad –como los padres, abuelos, hermanos y tíos– o por afinidad, como los cónyuges o personas que mantienen una unión de hecho. También se aplica en casos de relaciones de noviazgo, entre personas que estuvieron casadas en el pasado, y entre parientes políticos, como los suegros y cuñados. "Esta ley es para evitar otros actos violentos contra la víctima y contiene medidas provisionales cuya duración va desde los seis meses hasta un año, que no pretenden resolver problemas en forma permanente", explicó Bertozzi.

Las medidas de protección deben ser solicitadas personalmente por la víctima en el Juzgado de Familia, no es necesario que un abogado autentique los documentos. En el caso de los menores, la solicitud debe hacerla una persona mayor de edad o el Patronato Nacional de la Infancia (Pani).

Cuando no existe un Juzgado de Familia cerca de la residencia de la víctima, las medidas se solicitan en el Juzgado Civil de Menor Cuantía.

La petición puede hacerse de manera oral o por escrito, y debe incluir el nombre completo, las calidades y el domicilio, tanto de la víctima como del presunto agresor.

Es necesario describir todos los episodios violentos, la frecuencia con que se presentan, y la intensidad de la violencia utilizada. Además de la declaración de la víctima, pueden aportarse otras pruebas como la declaración de testigos, dictámenes médicos, valoraciones psicológicas, grabaciones, fotografías, documentos y demás.

Alcances y limitaciones

Una vez que se hace la solicitud, el juez puede dictar de manera inmediata las medidas de protección, pero estas no sirven para enviar a prisión al agresor ni para crearle un historial penal o delictivo. (Vea recuadro Las medidas).

El juez está obligado a llamar a una comparecencia o audiencia oral, en la que debe reunirse toda la prueba aportada por la víctima y por el presunto agresor.

"Esto debe ocurrir dentro de un periodo de tres días; sin embargo, los juzgados en muy raras ocasiones cumplen con ese plazo", señaló Bertozzi.

Por lo general, el presunto agresor asiste a la audiencia, pero es posible solicitar que se realice sin su presencia en casos de abuso sexual contra menores.

El manual señala que el juez debe encargarse de que el proceso se desarrolle de manera ágil y continua. Si el agresor incumple las medidas de seguridad, se le puede seguir una causa por desobediencia a la autoridad ante el Ministerio Público.

Para la elaboración del manual se analizó la jurisprudencia emitida por los Tribunales de Justicia en relación con la aplicación de la ley. A partir de esa base, Bertozzi afirma que un principio fundamental para erradicar la agresión en los hogares es que nada justifica la violencia.

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Asesoría jurídica

Oficina de Atención a la Víctima: Edificio del Organismo de Investigación Judicial (San José). Teléfono: 295-3271.

Manual para utilizar la Ley contra la violencia doméstica: De venta en las librerías jurídicas, a un precio de ¢2.700.

Esto es agresión

Violencia psicológica:

El agresor intimida a la víctima, con acciones que la humillan y minan su seguridad emocional.

Le dice que es loca, tonta, fea, que no hace nada bien, que nadie la quiere, etc.

La descuida cuando está enferma.

Amenaza con golpearla o echarla de la casa.

Se niega a darle cariño para castigarla.

No le permite tener amistades.

Violencia física:

El agresor le pega a la víctima, la muerde, la quema o la hiere.

La detiene contra su voluntad.

La amenaza con un arma mortal o transforma objetos en armas (martillos, tijeras, etcétera)

Violencia sexual:

El agresor obliga a la víctima a tener relaciones sexuales cuando ella no quiere o cuando está enferma.

La lastima durante la relación sexual.

La toca de manera no grata.

La obliga a desvestirse delante de otros.

Violencia patrimonial:

El agresor daña o desaparece los objetos y los documentos de la víctima.

Vende las cosas de la casa que ella compró o que más estima, como adornos, recuerdos, etcétera

La excluye como dueña de algún bien.

Hace movimientos en el Registro de la Propiedad para distraer bienes que son de ambos.

Malgasta el dinero en licor o en drogas.

Las medidas

Estas son algunas medidas que una víctima puede solicitarle al juez:

Orden de protección para que la policía socorra a la víctima en caso de presentarse un episodio de violencia.

Orden para que el agresor abandone el domicilio que comparte con la víctima.

Decomiso de armas.

Suspensión temporal, al agresor, de la crianza de los hijos menores de edad.

Suspensión del derecho de visitas a los hijos, en caso de agresión sexual.

Prohibición de que el agresor se presente al lugar de trabajo o de estudio de la víctima.

Reparación en dinero efectivo de los daños causados por el presunto agresor a las pertenencias de la víctima.

Prohibición de que el agresor utilice los instrumentos de trabajo de la víctima.

TEXTO RETIRADO DE  LA NACION S.A. 

http://www.nacion.com/viva/2003/abril/03/portada.html

Todos los derechos son de LA NACION S.A.

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